Juan De la Puente, analista político, criticó las expresiones violentas del comunicador Carlos Galdós en una radio local, quien se burló de Keiko Fujimori en su condición de detenida. De otro lado, revisó la situación legal de Mark Vito, a quien se confirmó que no podrá salir del país por 36 meses. Señaló que habría elementos para continuar la indagación contra el esposo de Fujimori por el caso "Cocteles", y minimizó el impacto de la medida de arraigo dictada contra Vito, medida que no se compara al efecto de una prisión preventiva. De otro lado, sostuvo que los procesos de corrupción andan lentos en el país, teniendo en cuenta un estudio que reveló que de los 35 mil casos existentes, la gran mayoría se encuentra en etapa preliminar; por lo que se necesita la puesta en marcha con celeridad de la nueva Junta Nacional de Justicia, que será consultada en el referéndum, y que atendería entre otros asuntos del sector, los casos de jueces sancionados por inconductas que ya están retornando a sus cargos. De la Puente se mostró a favor de la bicameralidad por ser una reforma al modelo de la Constitución de 1993. Juan De la Puente, y Víctor García Toma, ex ministro de Justicia, abordaron la relevancia de levantar la inmunidad parlamentaria para poder investigar a congresistas acusados de diversos delitos, como Edwin Donayre por el caso "Gasolinazo" y Moisés Mamani por presuntos tocamientos indebidos en un avión. No obstante, De la Puente resaltó que dicho beneficio permitió a Víctor Andrés García Belaúnde enfrentarse a la mafia de Rodolfo Orellana. Los invitados analizaron la importancia del voto preferencial y las reformas a adoptar para evitar que legisladores como Mamani lleguen a dicho cargo. García Toma recomendó presentar un recurso ante el JNE para que éste al evaluar la norma en concordancia con la Constitución, retire la modificación a la cuestión de confianza incluida en el tema de la bicameralidad. De la Puente afirmó que el Perú necesita tener dos cámaras legislativas, e incorporar a este concepto nuevos distritos electorales, la alternancia de género, y la eliminación del voto preferencial; y lamentó la falta de equilibrio de Poderes, pues el Parlamento nombra al Contralor, al Superintendente de Banca, y a una parte del BCR. Los panelistas comentaron la situación de los magistrados sancionados que retornarían a sus puestos, indicando que la provisionalidad en este sector perjudica al ciudadano, pues genera la posible presencia de corrupción. De otro lado, revisaron los alcances de la norma que sanciona con cárcel el financiamiento ilegal de los partidos políticos, y manifestaron que debería ser el Ministerio Público el que califique los delitos y no la ONPE, entidad cuestionada por habilitar la polémica inscripción del partido Perú Podemos.